El anteproyecto de Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores y Usuarios en materia de Telefonía Móvil está cocinándose. Ha pasado en una primera lectura por el Consejo de Gobierno de la Junta y hasta el día 21 queda abierto para alegaciones antes de su paso definitivo por el Consejo de Consumidores. Después de otros trámites legales (Consejo Económico y Social, y Consejo Consultivo) recibirá el visto bueno de la Junta para que lo remita al Parlamento; posiblemente en otoño la ley entre en vigor.
Cobertura y antenas
No está regulada por ejemplo la cobertura que debe tener cada compañía. El cliente se abona sin certidumbre de tener acceso a una buena calidad de comunicación, que se fía a promesas verbales y a mapas que las propias compañías publican en Internet. El proyecto de ley prevé en ese sentido que la Junta pueda «imponer» el uso compartido de los equipos emisores o repetidores de telefonía previa tramitación de un procedimiento legal que se establecerá en el futuro. El Gobierno regional se cura en salud ante la petición creciente de permisos para poner antenas y prevé una normativa que obligue a las compañías a compartir emplazamientos y dispositivos.
Servicio en la Raya fronteriza
El proyecto legislativo extremeño presta atención especial a la calidad del servicio en las zonas fronterizas con Portugal, los 428 kilómetros de Raya cuyos habitantes pueden entrar sin darse cuenta en la cobertura de una compañía telefónica lusa y pagar tarifas internacionales por las conversaciones. Promete también la Junta vigilar que haya cobertura de calidad en las carreteras con más tráfico. Los operadores de móvil (Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, Simyo, Pepephone, Masmóvil, Hits Mobile, Carrefour Móvil, etc.) con tiendas propias, o los que hagan contratos en Extremadura por medio de empresas intermediarias, deberán informar previamente al posible cliente de las características del servicio.
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